Suspenden las multas al Gobierno por incumplir la Ley de Financiamiento Universitario

La Justicia suspendió provisoriamente las multas al Gobierno por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que establece la actualización de los salarios docentes y no docentes. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal tomó la decisión tras aceptar un recurso presentado por el Ministerio de Capital Humano.

La resolución dejó en pausa las sanciones económicas que habían sido dispuestas contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el presunto incumplimiento de una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario.

El miércoles, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick había establecido una multa de $100.000 por día contra el funcionario. La sanción buscaba que el Estado cumpliera con la actualización de los haberes universitarios y garantizara los fondos destinados a las becas estudiantiles.

La decisión de la Sala III se conoció este jueves, luego de que las autoridades legales del Ministerio de Capital Humano presentaran una queja para cuestionar la aplicación de las multas. El Gobierno argumentó que la medida cautelar ya se encontraba cumplida y pidió que la apelación tuviera efecto suspensivo.

¿Qué establece la cautelar por el financiamiento universitario?

La orden judicial exige adecuar los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada entre enero de 2023 y julio de 2025. De acuerdo con los parámetros establecidos, esa recomposición representaría un incremento del 40,25% sobre los salarios básicos liquidados en julio de 2025.

Además, la normativa contempla actualizaciones mensuales de los haberes en función de la inflación y la recomposición de las becas estudiantiles. Cormick consideró que el Estado no había acreditado el cumplimiento de esas obligaciones, motivo por el cual avanzó con la aplicación de sanciones económicas.

El magistrado había otorgado inicialmente un plazo de cinco días para implementar la ley, el 22 de septiembre, bajo apercibimiento de imponer astreintes. Frente a la falta de cumplimiento que consideró acreditada, dispuso la multa diaria contra Santilli y advirtió que podía modificar tanto el monto como la lista de funcionarios alcanzados.

Por su parte, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) había reclamado la aplicación de las sanciones al sostener que el Estado “continúa sin cumplir la medida cautelar”. La entidad recordó que la decisión judicial había sido confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 25 de junio de 2026.

La postura del Gobierno y el reclamo salarial