Privatización de AySA: qué va a pasar con los aumentos , las obras y los empleados

Un consorcio de capitales locales y brasileños se quedó con el 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) tras ofrecer USD 340,2 millones en la licitación que convocó el Gobierno nacional. La empresa, que provee agua potable y cloacas a 14 millones de habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), empezará a ser operada nuevamente por manos privadas entre enero y febrero de 2027, cuando el nuevo operador deberá asumir el control completo de la operación.

El consorcio ganador está integrado por Rowing SA, empresa de ingeniería con más de tres décadas de trayectoria en obras de infraestructura en Argentina; Transclor SA, proveedora de productos químicos para la potabilización del agua; la brasileña Arcos Saneamento e Participações SA, del Grupo Equipav, designada como operador técnico; y el vehículo de inversión PHX Aqua AR B.V., con sede en los Países Bajos.

La oferta superó en casi un 20% a la del otro consorcio finalista, liderado por el Grupo Roggio, que había presentado USD 285 millones.

“El consorcio conformado por la brasileña Arcos Saneamento e Participações SA, del Grupo Equipav, y las firmas argentinas Rowing SA y Transclor SA, junto al vehículo de inversión PHX AQUA AR B.V., expresa su satisfacción por haber presentado la mejor oferta como Operador Estratégico de AySA, tras un proceso de licitación nacional e internacional convocado por el Estado Nacional para la venta y transferencia del 90% del paquete accionario de la compañía”, indicó el grupo liderado por el empresario Walter Román en un comunicado.

Arcos opera servicios de agua y alcantarillado desde 2010 y atiende a más de 39 millones de personas en 15 estados y más de 890 municipios de Brasil, a través de 25.000 colaboradores. Transclor, la empresa de Mauricio Filiberti, es el único proveedor de policloruro de aluminio para la potabilización del agua de AySA desde 2009.

“Llegamos a la instancia final de esta privatización con una propuesta sólida, competitiva y respaldada por nuestra experiencia como el operador privado de agua más importante del país, constructor de plantas e instalaciones sanitarias y concesionario de varios servicios públicos, sumados a Aguas de Corrientes y lo mejor de la experiencia internacional con la israelí Mekorot y la japonesa Marubeni. Queda el orgullo de haber competido con profesionalismo y habiendo conformado un equipo sólido y comprometido. Tenemos 118 años de historia en la Argentina, estamos acostumbrados a los desafíos, a competir y a seguir adelante. Nuestra vocación de invertir, trabajar y contribuir al desarrollo del país sigue exactamente intacta”, comunicó el grupo Roggio tras la definición.

Qué pasará con las tarifas

En esta nueva etapa, según consta en los pliegos que circularon durante el proceso de privatización, las facturas no quedarán congeladas, pero tampoco habrá un aumento de fondo en el primer período de la concesión. El contrato prevé dos mecanismos de ajuste durante el ciclo 2027-2031: un coeficiente llamado “K”, ligado a variables de costos, y un “Factor C” de corrección anual atado al cumplimiento de metas de calidad, que puede sumar o restar puntos a la tarifa según el desempeño del operador.

La revisión tarifaria integral recién se llevará a cabo en el cuarto año del ciclo, cuando la empresa deberá negociar con el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) un nuevo plan de inversión y una nueva estructura de costos para el período 2032-2036. La tasa de retorno fijada para el primer período es del 8,90% anual, aprobada por el ERAS y estable durante los cinco años del ciclo.

Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), la factura promedio de agua sin subsidios en el AMBA alcanzó $ 42.975 en agosto de 2026, equivalente al 2,2% del salario promedio registrado. El presidente de AySA, Alejo Maxit, había señalado que la proporción del gasto en agua dentro de la canasta familiar es la más baja de América Latina y que esa relación se mantendrá durante el primer lustro de la concesión privada. La tarifa social, que beneficia a 160.000 usuarios, no registrará cambios.

El contrato no garantiza el empleo actual

En materia laboral, el pliego no establece ningún compromiso de mantener la dotación vigente. AySA pasó de 7.700 a 5.890 empleados durante la gestión que condujo el proceso de privatización, una reducción que, según Maxit, se realizó sin conflictos gremiales. Al tratarse de una empresa en marcha y no de una nueva sociedad, los convenios laborales previos continúan vigentes, pero el futuro operador tendrá plena libertad para reorganizar su estructura.

La próxima etapa de eficiencia prevista por el nuevo operador pasará por la incorporación de tecnología y la reasignación de funciones internas, con foco en capacitar al personal para las demandas que implica la expansión territorial del servicio.