El Centro de Estudios del Banco Provincia informó que la morosidad de las familias llegó al 10,6% a nivel nacional y al 15,4% en el territorio bonaerense en enero. El dato surge de atrasos mayores a 90 días. Afecta más a jóvenes y jubilados. Se explica por caída de ingresos, empleo precario y mayor uso de crédito.
El informe señala que una de cada cuatro personas tiene deudas con atrasos superiores a los 90 días. El problema se concentra en sectores con ingresos inestables. La combinación de salarios rezagados y mayor acceso al financiamiento expone a más hogares a incumplimientos.
Entre los jóvenes, la desocupación alcanza el 16,8% en mujeres y el 16,2% en varones. La informalidad llega al 67,4% en el tercer trimestre de 2025. Ese escenario limita la capacidad de pago y empuja el uso de crédito para cubrir gastos corrientes.
En los adultos mayores, la pérdida de ingresos explica el aumento del endeudamiento. Las jubilaciones acumulan una caída del 40% entre 2017 y 2025. Ese deterioro obliga a recurrir a financiamiento para sostener el consumo básico.
La mora entre jóvenes de 18 a 21 años alcanzó el 37,2% en enero a nivel nacional. El dato muestra un fuerte aumento interanual. En los adultos mayores, la irregularidad superó el 8% y casi cuadruplicó el nivel de un año atrás.
El crecimiento del crédito explica parte del fenómeno. El financiamiento de corto plazo se expandió en un contexto de ingresos débiles. Ese esquema aumenta el riesgo de incumplimiento en los pagos.
En los jóvenes, el crédito digital tiene mayor peso. Las fintech registran una mora del 42,2%, por encima del 34,3% de los bancos. El acceso más fácil no se traduce en mayor capacidad de pago.
En los adultos mayores también se repite esa tendencia. Las fintech muestran una mora del 18%, frente al 6,8% del sistema bancario. El acceso rápido al crédito incrementa la exposición al endeudamiento.
El informe vincula el problema con la caída del poder adquisitivo. Desde la asunción de Javier Milei, los ingresos muestran retrocesos en distintos sectores.
Los trabajadores privados registrados perdieron 2,3% de poder adquisitivo desde noviembre de 2023. En el sector público, la caída fue del 17,9%. Los ingresos informales también se deterioran. El consumo se estanca y crecen las dificultades para sostener pagos.




