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La jueza federal de San Martín, Martina Forns, le ordenó hoy al Gobierno Nacional suspender por seis meses la aplicación del DNU que habilita cortes de agua potable y desagües cloacales por falta de pago en domicilios residenciales del AMBA, al hacer lugar a una medida cautelar de una asociación de consumidores.
La magistrada ordenó al Estado Nacional suspender la aplicación del inciso P del artículo 3 del DNU 493/2025, del artículo 81 del Anexo I y del artículo 37 del Anexo II del mencionado decreto «para todos los inmuebles en el que se prevé aplicar el corte en la provisión de agua potable y desagües cloacales» durante seis meses como medida cautelar mientras tramite el fondo de la demanda, informaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas.
Forns puso énfasis en la situación que se puede presentar si se corta el agua por falta de pago a poblaciones vulnerables que ameritan «especial protección» como adultos mayores, niños y niñas menores de 18 años y personas con discapacidad.
En estos casos, si ya hubo algún corte, dispuso que se restablezca el servicio de forma «inmediata» cuando «se acredite que en el inmueble en que se la cortó lo habite un niño, un adulto mayor o una persona con discapacidad».
Sobre la situación de los deudores, el gobierno que encabeza Javier Milei decidió iniciar cortes de suministro de agua a fines de 2024 a los usuarios que no estén al día con el pago de sus facturas. Esta medida, adoptada como parte del proceso de «normalización» impulsado por el presidente de la Nación, busca que la empresa pública AySA funcione bajo los mismos criterios que una firma privada. Se estima que hay unos 700.000 usuarios con deudas actualmente.
Siempre se priorizaba el acceso universal al agua potable, considerando este recursos como un servicio público esencial. Sin embargo, con la llegada de Milei a la presidencia, la directiva cambió. “Si no pagás la factura de Edenor o Edesur te cortan la luz, acá tiene que pasar igual”, señalaron desde la empresa.
Cortes de agua: el fallo de la jueza Martina Forns
La jueza, que integra la agrupación Justicia Legítima, enfatizó que hay «improcedencia» en el corte de suministro de agua potable «cuando la morosidad del usuario obedezca a una situación de vulnerabilidad social o cuando se trate de personas que, por sus condiciones particulares, ameriten una especial tutela jurídica al encontrarse en imposibilidad real de pago».
«Además, tal criterio armoniza con los principios constitucionales (la protección del agua como elemento del ambiente es indudable y encuadra en el mandato del artículo 41 de la Constitución , los estándares internacionales de derechos humanos y la protección de la Nacional) dignidad humana, evitando que el ejercicio de facultades sancionatorias derive en un acto irrazonable o desproporcionado», advirtió en la resolución.
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