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Felicitas Alvite, más conocida como La Toretto de La Plata, tiene una nueva batalla procesal por delante: evitar ser trasladada a una cárcel común a la espera del juicio oral a cargo del Tribunal Oral Criminal (TOC) II de la capital bonaerense.
La influencer de Tik Tok enfrenta cargos por la muerte de Walter Armand, un motociclista a quien atropelló a alta velocidad en la madrugada del 12 de abril de 2024 mientras, según se le acusa, participaba de una picada ilegal en avenida 13. El joven murió en el acto producto del impacto.
El último miércoles el juez Claudio Bernard ordenó el traslado de la joven a una cárcel común a la espera del debate que no tiene fecha cierta de realización. Contra esa medida la defensa presentó un recurso de revocatoria y apelación en subsidio. La principal preocupación planteada es el estado de salud mental de la joven, específicamente sus ataques de pánico, argumentando que el tribunal no lo consideró adecuadamente.
En el escrito presentado por la defensa se destaca que su salud mental ha sido un problema documentado antes y durante su privación de libertad, y que actualmente recibe tratamiento.
Los defensores Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo solicitaron que se revoque la orden de traslado y se mantenga su arresto domiciliario, que fue concedido previamente y confirmado por instancias superiores, pero que sigue sin ejecutarse. El objetivo principal del recurso es lograr que se deje sin efecto el traslado.
La defensa argumenta que, si bien ya se le había concedido una morigeración (arresto domiciliario) que fue convalidada por instancias superiores, un traslado implicaría un riesgo para su salud, dado su historial y episodios recientes de ataques de pánico. En resumen, lo que se busca no es obtener su libertad total, sino que, dadas las morigeraciones ya concedidas y, sobre todo, su delicado estado de salud mental, no se la traslade del lugar donde se encuentra actualmente. Se solicita que se tenga en cuenta su salud mental, ya que la situación le provoca "ansiedad, angustia y llanto".
Las razones se centran principalmente en su estado de salud psíquico y psicológico. Los puntos clave del documento judicial son, particular, dos:
El Tribunal, al tomar su decisión, no consideró el estado de salud psíquico y psicológico de Felicitas Alvite. Está acreditado en la causa que ella sufrió ataques de pánico con anterioridad al hecho que se juzga y fue tratada por ello. Existen certificados médicos y testimonios de sus seres queridos que prueban estos antecedentes.
Durante la investigación, antes y durante su privación de libertad, padeció variados y graves ataques de pánico. En muchas oportunidades, necesitó ser asistida por personal médico del servicio penitenciario debido a estos episodios.
Actualmente, Alvite se encuentra medicada y asiste regularmente a la psicóloga de la alcaidía de Melchor Romero donde se encuentra alojada. Recientemente, sufrió un nuevo episodio de pánico durante un traslado, requiriendo asistencia inmediata y oxígeno del personal de salud de la unidad.
"Toda esta información relativa a su salud está debidamente acreditada en autos y debería constar en los registros oficiales", señalaron desde la defensa técnica que certificó cada uno de sus argumentos. También se destaca que es una joven que carece de antecedentes penales y tuvo un comportamiento procesal ejempla que llevó a que la Casación revoque un fallo anterior y luego se le otorgara la domiciliaria (una forma de morigeración).
En resumen, los argumentos combinan su vulnerable estado de salud mental (historial de ataques de pánico, necesidad de medicación y terapia, episodios recientes durante traslados) con su situación personal (joven, sin antecedentes, buen comportamiento procesal) y el historial judicial previo que ya había validado una morigeración (arresto domiciliario). La defensa sostiene que no considerar estos factores y proceder con un traslado iría en contra de la justicia y de una cuestión humanitaria esencial.
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