El proyecto establece que las multas se seguirán cobrando por las vías legales, pero ya no podrán bloquear el trámite para obtener o renovar el registro.
La decisión fue adoptada por el juez Amarante luego de un pedido de la ARCA en la causa que investiga la retención indebida de aportes. Se investiga el destino de más de 19.300 millones de pesos entre 2024 y 2025